Los populares habían anunciado la presentación de esta demanda, que formalizaron en los últimos días de julio. Además de los argumentos técnicos, en este nombramiento el PP ve “la larga mano del Gobierno” que "no persigue otro fin" que "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como hacía la Ley Orgánica del Estado de 1967", en pleno franquismo.
Insiste en que la ocupación de este cargo institucional "por persona que no cumple dichos requisitos” de prestigio e imparcialidad “podrían derivar efectos perturbadores de alcance difícilmente estimable tanto para el principal partido de la oposición en las Cortes Generales, como, en definitiva, para la ciudadanía en su conjunto”.
La demanda está dirigida a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo a la que pide que dicte la nulidad del nombramiento de Delgado por sus vínculos con el Gobierno y su incapacidad para desempeñar un cargo para el que, a su juicio, no reúne los requisitos objetivos: "Si la Sala revisa el expediente encontrará un currículum ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación, más allá de exponer el cumplimiento de un oficio".
Delgado pasó de ser ministra de Justicia en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez a ser nombrada fiscal general del Estado. Además, fue candidata en las dos últimas citas electorales en las listas del Partido Socialista. El PP entiende que este dato es fundamental para poner en duda su imparcialidad. “¿Puede acaso imaginarse un mayor desprecio a nuestra Carta Magna y a la imparcialidad del Ministerio Fiscal?", se puede leer en escrito del PP.
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