Bertossa, el fiscal suizo que la tiene tomada con Juan Carlos I y ha instado a España a investigarle

Es en este momento cuando, dicen nuestras fuentes, el fiscal comienza a obsesionarse con el monarca español. Tanto, que consigue pruebas tan, tan sólidas que hacen que la Fiscalía del Tribunal Supremo empiece a indagar.

Hay que recordar que hasta 2014 el 'ciudadano' Borbón, como le apodan despectivamente desde el actual Gobierno algún que otro ministro, no podía ser juzgado. Por lo que ahora, puede acabar sentado en el banquillo, y no solo él.

Nuestras fuentes señalan a que otros supuestos intermediarios del Rey emérito, Álvaro de Orleans, Arturo Fasana y Dante Canonica, podrían ser juzgados por los hechos que se encuentra investigando la Fiscalía a instancias del juez suizo.

En el citado país es conocida abiertamente la causa P14783/2018, denominados popularmente como los 'papeles secretos de Ginebra'. Pero, ¿por qué Suiza? He aquí la cuestión, y es que, a través de este pequeño país, en concreto de Credit Suisse, el padre de Felipe VI habría llevado a cabo gran parte de las transacciones irregulares de su faceta comisionista.

Hablemos de cifras

Una vez acreditada la existencia de la fundación panameña Lucum y una cuenta abierta a nombre del monarca en el banco suizo Mirabaud, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I, se pudo comprobar que a la misma llegaron en agosto de 2008 unos 100 millones de dólares (88 millones de euros), de una donación de la Casa Real saudí.

Ya en junio de 2012, poco antes de cerrar el depósito, el dinero fue transferido a una cuenta de Corinna en un banco suizo en Bahamas. Pero no fueron los únicos movimientos, ya que Bertossa investiga un ingreso de 1,9 millones de dólares que supuestamente se entregó en mano a Fasana en Ginebra en 2010, cuando el rey emérito regresaba de un viaje en Abu Dhabi, tal y como publicó El País, y otros cinco millones de dólares que Corinna ingresó días después de un viaje de don Juan Carlos a Kuwait.

Pese a que el fiscal envió una comisión rogatoria en la que detallaba todos los movimientos de la cuenta de Juan Carlos I, aún no habría remitido a España la documentación, lo que ha obligado a la justicia española a tomar la iniciativa.