La diputada provincial y candidata a convencional constituyente Amalia Granata ha vuelto a ser objeto de controversia en Santa Fe. En una reciente declaración, confirmó que su esposo, Leonardo Squarzon, ha sido designado como parte de su equipo de asesores en la Legislatura santafesina. Esta decisión ha suscitado sorpresa y críticas dentro del ámbito político.
Durante una entrevista en el programa Puroshow, Granata abordó los motivos detrás de esta contratación. Lejos de evadir la polémica, defendió su elección con un argumento claro: “No confío en nadie”, manifestó, justificando así su decisión de incluir a su pareja en un rol formal.
Contexto de la designación
Granata se refirió a Squarzon como “mi Karino”, un apodo que utiliza en la intimidad. Confirmó que él ocupa uno de los cinco cargos disponibles para asesores en su función como legisladora. La principal razón detrás de esta elección radica en la pérdida de confianza hacia otros colaboradores del PRO, tras la salida de dos diputados que pertenecían a su bloque debido a disputas internas.
“Me compraron dos diputados y quedé sola. No confío en nadie. Soy la única oposición real en la provincia”, afirmó Granata al explicar por qué decidió recurrir a alguien tan cercano a ella.
Funciones adicionales de Squarzon
Aparte de su papel como asesor, Squarzon también mantiene actividades privadas relacionadas con el sector gastronómico y empresarial. La diputada reveló que lo necesita en su equipo ya que es conocido en la Legislatura: “Lo conocen más en la Legislatura que a mí”, comentó sobre su esposo, quien frecuentemente actúa como chofer personal y la acompaña a diversas actividades políticas.
La designación ha generado atención no solo por tratarse de su pareja, sino también porque Squarzon carece de experiencia previa en el ámbito legislativo. A pesar de esto, Granata insiste en que su presencia se basa en una cuestión de confianza absoluta.
La contratación de Leonardo Squarzon como asesor legislativo ha reavivado el debate sobre el uso de cargos públicos en la política argentina, especialmente en un contexto donde se exige mayor transparencia y meritocracia en las designaciones.
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