El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la tramitación de la reforma de los procesos de determinación de la edad, desestimando las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. Esta reforma abarca dos proyectos de ley: uno de carácter ordinario y otro orgánico, que modifican tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Con esta iniciativa se busca cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales en este ámbito.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, defendió los proyectos asegurando que estos garantizan los derechos de los menores que han sido forzados a abandonar sus hogares debido a conflictos o situaciones adversas. El ministro subrayó que proteger a estos menores es no solo una cuestión de justicia y humanidad, sino también una obligación inherente a la democracia española.
Nueva metodología para determinar la edad
Uno de los aspectos más destacados del proyecto establece que el procedimiento para determinar la edad, cuando esta no es clara o existen dudas al respecto, cambiará de un proceso administrativo a uno judicial. Este nuevo enfoque estará centrado en los derechos individuales y regido por el principio del interés superior del menor.
El protocolo propuesto contempla reconocer la presunción de minoría de edad, así como el derecho a ser escuchado durante el procedimiento y a mantener su dignidad e intimidad. Se prohibirán prácticas invasivas como desnudos integrales y se garantizará asistencia jurídica gratuita desde el inicio del proceso, además del acceso a un intérprete si fuese necesario.
Para evitar demoras en la gestión del nuevo protocolo, el Gobierno ha prometido fortalecer los recursos en la Administración de Justicia en regiones con alta presión migratoria, tales como Canarias, Ceuta y Melilla.
Cambios en el ámbito penal
El segundo proyecto, que tiene carácter orgánico, otorga al Juzgado de Menores la responsabilidad de determinar la edad cuando una persona esté detenida por su supuesta implicación en un delito y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad.
Esta atribución se fundamenta en el principio internacional y español que reconoce la presunción de minoría de edad. De esta forma, se busca asegurar un tratamiento justo y acorde con los derechos humanos para todos aquellos involucrados en estos procedimientos.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha aprobado el Congreso de los Diputados?
El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de los procesos de determinación de la edad, rechazando las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox.
¿Qué implica esta reforma?
La reforma implica la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales sobre la protección de menores.
¿Cuál es el nuevo procedimiento para determinar la edad?
El nuevo procedimiento pasará a ser un proceso judicial centrado en los derechos de la persona, reconociendo la presunción de minoría, el derecho a ser escuchado y a contar con asistencia jurídica gratuita.
¿Qué medidas se tomarán para evitar demoras en el proceso?
El Gobierno se compromete a reforzar los recursos de la Administración de Justicia en territorios con mayor presión migratoria, como Canarias, Ceuta y Melilla.
¿Cómo se determinará la edad en el ámbito penal?
El segundo proyecto atribuye al Juzgado de Menores la competencia para determinar la edad cuando una persona esté detenida por su presunta participación en una infracción penal y exista duda sobre su edad.
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