Derechos Sociales presenta reforma del modelo de cuidados con un aumento del 150% en financiación desde 2020

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lidera el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En esta reunión, se discutió el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, que busca reformar las leyes relacionadas con la dependencia y la discapacidad.

Durante su intervención, Bustinduy presentó modificaciones normativas que tienen como objetivo principal promover la autonomía de las personas en situación de dependencia y de aquellas con discapacidad. Asimismo, se busca personalizar los cuidados y facilitar la permanencia de estas personas en sus hogares o en recursos comunitarios cercanos.

Reformas en el modelo de cuidados

El ministro destacó que una de las propuestas más relevantes es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que implica su universalización. Esta medida pretende prevenir la institucionalización y permitir que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares.

Además, el anteproyecto establece que las personas tendrán el derecho a decidir si desean permanecer en su hogar y sobre los servicios que reciben. También se plantea la necesidad de agilizar los trámites administrativos relacionados con estos servicios.

En este sentido, se propone simplificar la revisión del Programa Individual de Atención e implementar procedimientos urgentes para situaciones de vulnerabilidad extrema, como enfermedades neurodegenerativas o violencia de género.

Derechos para personas con discapacidad

En cuanto a las personas con discapacidad, el anteproyecto incluye medidas para simplificar procesos administrativos. Se equipara una discapacidad del 33% a aquellas personas reconocidas oficialmente con situación de dependencia. Además, se establecen derechos fundamentales para evitar cualquier tipo de discriminación al contratar seguros de salud y vida.

La reforma también contempla un conjunto de medidas para garantizar la accesibilidad como un derecho universal, promoviendo cambios en las viviendas. Esto incluye modificaciones a la Ley de Propiedad Horizontal para hacer obligatorias las obras destinadas a mejorar la accesibilidad en comunidades vecinales.

El Consejo Territorial ha celebrado el consenso alcanzado entre las Comunidades Autónomas respecto a este nuevo enfoque sobre dependencia y discapacidad. Este acuerdo responde al mandato constitucional derivado de la reforma del artículo 49, que establece la obligación del Estado de promover políticas que aseguren la accesibilidad.

Aumento significativo en financiación

El Ministerio también ha subrayado la importancia de mejorar la financiación del sistema para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Desde 2020, se ha incrementado un 150% la financiación destinada a dependencia, alcanzando una cifra récord en 2024 con una aportación estatal de 3.411 millones de euros.

Este monto es tres veces mayor al invertido en 2014. Además, se han transferido fondos europeos destinados a transformar centros residenciales y fomentar tecnologías que promuevan la autonomía personal.

Se espera que estas inversiones continúen fortaleciendo el sistema y permitan afrontar los desafíos actuales relacionados con el déficit de trabajadores en el sector.

Nuevas iniciativas y colaboración interinstitucional

Durante el Consejo Territorial también se abordó la necesidad urgente de incorporar nuevos profesionales al Sistema de Dependencia. El ministro Bustinduy anunció iniciativas dirigidas a facilitar esta incorporación mediante un espacio colaborativo con los gobiernos autonómicos.

Finalmente, se discutió sobre una nueva asignación presupuestaria para servicios sociales y se anunció la celebración del próximo Consejo Estatal del Voluntariado, previsto para llevarse a cabo en Navarra.

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