La detención arbitraria del cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Gallo, a manos del régimen de Nicolás Maduro ha generado un clima de máxima tensión entre Argentina y Venezuela. Este gendarme de 33 años fue capturado hace casi dos semanas mientras se trasladaba desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo de dos años en Puerto La Cruz, en el oriente venezolano.
Recientemente, Gallo logró establecer un primer contacto indirecto con su familia. Según Kevin Gallo, hermano del detenido, se le entregó una carta en la que se le transmitió apoyo y noticias sobre su hijo. «Queríamos que supiera que todos estamos bien y que su hijo está muy bien», declaró Kevin a Clarín.
Justificaciones infundadas desde Venezuela
A pesar de este contacto, el régimen venezolano continúa justificando la detención bajo acusaciones infundadas. El canciller chavista, Yván Gil, se refirió al gendarme como un «terrorista infiltrado», además de acusar al gobierno argentino de «introducir elementos violentos» en territorio venezolano. En un mensaje cargado de propaganda, Gil afirmó que Gallo «ha dejado pruebas físicas que lo comprometen» y que está siendo procesado bajo el supuesto respeto al estado de derecho.
Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del régimen, aseguró sin presentar pruebas que el gendarme tenía como objetivo liberar a opositores asilados en la embajada argentina en Caracas. Estas afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por María Gómez, pareja de Gallo, y son vistas como parte de una estrategia del régimen para justificar su política de persecución y criminalización.
Reacciones en Argentina: denuncia del presidente y silencio oficial
El presidente argentino, Javier Milei, calificó la detención como un «secuestro ilegal» durante una ceremonia en el Colegio Militar en Buenos Aires. «Gallo fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo», expresó Milei.
Esta situación pone en evidencia el modus operandi del régimen venezolano, que utiliza detenciones arbitrarias como herramienta de represión y chantaje político. A pesar de la gravedad del caso, el gobierno argentino ha mantenido un perfil bajo, lo que ha generado cuestionamientos sobre su postura frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por Maduro.
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