La Comunidad de Madrid ha decidido aumentar su inversión en el servicio de asistencia jurídica gratuita para el año 2024, destinando un total de 5,2 millones de euros adicionales. Este incremento representa un aumento del 10,3% respecto a los 50,4 millones de euros que estaban presupuestados inicialmente. La medida fue aprobada por el Consejo de Gobierno en una sesión celebrada hoy.
Entre las subvenciones aprobadas se encuentra una destinada al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), que recibirá 4,4 millones de euros. Además, se asignarán 800.000 euros al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
Aumento en la cobertura del servicio
Con esta asignación presupuestaria, el Ejecutivo autonómico busca asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita, tal como lo establece la Constitución Española. En 2023, un total de 85.884 personas se beneficiaron de este servicio público, lo que indica un crecimiento del 4,4% en comparación con el año anterior.
Los pagos a los abogados que participan en este programa son gestionados a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que incluye tanto al ICAM como al ICAAH. Por otro lado, los pagos a los procuradores son realizados mediante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.
Nuevas regulaciones y simplificación administrativa
En la misma reunión, el Consejo de Gobierno recibió un informe sobre un proyecto destinado a actualizar el decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la región. Este proyecto también aborda el funcionamiento y las relaciones entre la administración y los colegios profesionales involucrados.
Dicha iniciativa está alineada con los esfuerzos del Ejecutivo para simplificar los trámites administrativos y hacerlos más accesibles para los ciudadanos. El documento detalla las funciones específicas que desempeñan los colegios profesionales en esta actividad, buscando así garantizar no solo un buen desempeño sino también una mayor calidad en la atención brindada.
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La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 5,2 millones de euros |
Aumento en la inversión para 2024 |
| 10,3% |
Aumento porcentual respecto al presupuesto anterior |
| 50,4 millones de euros |
Presupuesto total para asistencia jurídica gratuita antes del aumento |
| 85.884 personas |
Beneficiarios del servicio público en 2023 |
| 4,4 millones de euros |
Subvención al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) |
| 800.000 euros |
Subvención al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuánto aumentará la inversión en asistencia jurídica gratuita en 2024?
La Comunidad de Madrid destinará 5,2 millones de euros más al servicio de asistencia jurídica gratuita, lo que representa un aumento del 10,3% respecto a los 50,4 millones presupuestados anteriormente.
¿A quiénes se destinarán las subvenciones aprobadas?
Se han aprobado dos subvenciones: una de 4,4 millones de euros para el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), y otra de 800.000 euros para el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
¿Cuántas personas se beneficiaron del servicio en 2023?
Un total de 85.884 personas se beneficiaron del servicio público de asistencia jurídica gratuita en 2023, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al ejercicio anterior.
¿Cuál es el objetivo de esta inversión según el Ejecutivo autonómico?
El objetivo es asegurar el cumplimiento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la asistencia jurídica gratuita para todos los ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes.
¿Qué medidas adicionales se están considerando en relación con la asistencia jurídica gratuita?
El Consejo de Gobierno ha recibido un informe sobre el proyecto para actualizar el Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la región y mejorar las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales competentes.
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