Agentes de la Policía Nacional han liberado a 24 mujeres víctimas de explotación sexual y han desmantelado la organización criminal que presuntamente las explotaba en pisos de citas ubicados en distintos puntos de la geografía española. Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día durante seis días a la semana, disponiendo únicamente de dos horas libres al día. Han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid (10), Valencia (5), Castellón (3), La Rioja (2) y Zaragoza (1), entre las que se encuentran los cuatro principales responsables del entramado que han ingresado en prisión provisional. Se han realizado 11 registros domiciliarios y cinco pisos de citas han sido clausurados judicialmente.
Investigación iniciada con el testimonio de una de las víctimas
La investigación se inició gracias a la declaración de una mujer que manifestó haber sido víctima de explotación sexual por parte de una organización criminal. Las numerosas pesquisas iniciadas desde ese momento por los agentes permitieron detectar la actividad de ese entramado liderado por una ciudadana que, junto con sus familiares directos, operaban a modo de clan familiar mientras que el resto de integrantes eran ciudadanos de origen latinoamericano.
Los investigadores pudieron establecer que la organización criminal captaba a las víctimas en su país de origen a través de anuncios en portales de internet de contactos sexuales y. ocasionalmente. a través de otras mujeres que habrían estado bajo control de la organización criminal. Las mujeres aceptaban las condiciones impuestas debido a su precaria situación económica en origen y con la esperanza de mejorar su situación vital, siendo en muchas ocasiones éstas el único sustento de su núcleo familiar.
Las víctimas viajaban por vía aérea desde su país de origen u otros países de la Unión Europea hacia España, simulando tratarse de un viaje de turismo, repercutiendo tales gastos sobre ellas en forma de deuda que tendrían que saldar sometiéndose a la explotación sexual del entramado criminal.
Explotadas en condiciones deplorables
El entramado criminal desarrollaba su actividad en al menos seis pisos de citas ubicados en las provincias de Castellón, Madrid, Málaga y Valencia. Cuando las mujeres llegaban a nuestro país eran trasladadas a alguno de esos pisos, donde permanecían por periodos de 21 días, y en el momento en el que los explotadores consideraban que las mujeres se encontraban “quemadas” en una zona, las desplazaban a otros pisos de citas. Este sistema de rotación era utilizado para satisfacer la demanda constante de “mujeres nuevas” de los clientes y aumentar así los beneficios del entramado.
Las víctimas eran obligadas a aceptar todos los encargos sexuales durante las 24 horas del día con una única jornada de descanso a la semana y dos horas libres previo aviso a los integrantes de la red criminal. De las ganancias obtenidas por los servicios sexuales realizados, sólo tenían derecho al 50%.
Los propios integrantes de la red criminal eran los encargados de responder y concertar los servicios sexuales con los clientes, ya fuera a través de llamadas telefónicas o de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y duración de los servicios.
Venta de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales
Los pisos de citas funcionaban también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, y medicamentos sujetos a venta bajo prescripción médica, indicados para el tratamiento de la disfunción eréctil.
El entramado criminal recaudaba los beneficios económicos, derivados de la explotación sexual y de la venta esas sustancias estupefacientes y farmacológicas, a través de una plataforma de pago para telefonía móvil. Para ello contaba con una red de colaboradores que aportaban líneas de teléfono y cuentas bancarias donde se efectuaban los pagos que, posteriormente eran trasmitidos a los cabecillas del entramado criminal en efectivo o a través de criptomonedas. Para blanquear esos beneficios derivados hacían uso de sociedades mercantiles interpuestas a través de las cuales adquirían diversos bienes muebles e inmuebles.
La operación policial ha finalizado con 11 registros domiciliarios en los que se han intervenido 51.730 euros en efectivo, un vehículo, 11 teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, una tablet, 35 gr. de cocaína, 446 gr. de marihuana, 52 gr. de hachís, 23 comprimidos de medicamentos para el tratamiento de la disfunción eréctil, una pistola de aire comprimido con munición de plomo. Además se ha procedido al bloqueo de efectivo y criptomonedas y a la prohibición de disposición de bienes por un valor de de 508.367 euros.
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