La ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, ha propuesto permitir que la policía realice redadas encubiertas en los domicilios, justificando oficialmente que estas acciones contribuirán a la lucha contra el terrorismo. No obstante, la reforma del Código Penal no se limitará únicamente a los terroristas, sino que también abarcará a aquellos que "intenten desestabilizar el orden constitucional".
El mismo argumento se presentó cuando recientemente se prohibió una revista de derechas por parte del Ministerio del Interior, y también es el que se utiliza para hostigar al segundo partido político más fuerte, el antiglobalista Alternative für Deutschland (AfD). La expansión de los poderes concedidos a la élite liberal de Berlín, que busca atacar a sus adversarios políticos, genera temor entre los opositores y críticos del gobierno liberal de izquierdas.
De acuerdo con los informes de los medios alemanes, la intención del Ministerio del Interior es aumentar los poderes de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), con el objetivo de que esta fuerza asuma un rol central en la lucha contra el terrorismo internacional. A pesar de que las nuevas medidas se implementarán únicamente como último recurso y específicamente para combatir el terrorismo, se otorgaría formalmente a los oficiales "la autoridad para ingresar de manera encubierta a los hogares como medida complementaria para las búsquedas en línea y la vigilancia de las telecomunicaciones".
La respuesta del Ministerio del Interior ante una amenaza terrorista específica sigue siendo incierta, sin embargo, el extremismo islamista ha incrementado notablemente su peligrosidad en Europa Occidental en los últimos meses. La semana pasada, Austria logró frustrar un ataque dirigido a un concierto de Taylor Swift, mientras que Francia declaró que está expuesta a un riesgo terrorista "muy alto" con motivo de la celebración de la Asunción el 15 de agosto.
En la actualidad, solo se permite el allanamiento de viviendas cuando hay órdenes judiciales y con el consentimiento de los propietarios. La realización de allanamientos encubiertos en domicilios violaría de manera significativa el derecho fundamental a la inviolabilidad del hogar, un principio protegido por la Constitución.
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