Los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, hacen frente a un clima de hostilidad y represión, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información. RSF manifiesta su más firme condena a estas vulneraciones y exige el restablecimiento inmediato de los derechos de los periodistas.
Mientras las manifestaciones en protesta por el fraude electoral se apoderan de Venezuela, los periodistas afrontan amenazas, censura y detenciones. En tan solo dos semanas, RSF ha contabilizado al menos 70 casos de ataques contra la prensa: 18 casos de restricciones de acceso, 30 actos de intimidación y amenazas, 9 detenciones (4 periodistas permanecen en prisión), 9 expulsiones de periodistas extranjeros y 4 agresiones físicas. Estos incidentes, todos registrados en las dos semanas posteriores a las elecciones presidenciales, confirman la existencia de un patrón sistemático de acoso y represión.
«A medida que aumenta la inestabilidad política en Venezuela, en medio de las denuncias de fraude electoral, los periodistas se enfrentan a una represión cada vez mayor. Las expulsiones, detenciones, amenazas y ataques sufridos por los profesionales de los medios han recrudecido aún más la censura en este momento político crítico, creando una ausencia absoluta de transparencia democrática y de rendición de cuentas. Los 70 casos que RSF ha documentado en sólo 15 días, incluidas las expulsiones de periodistas extranjeros, demuestran la determinación que tiene el gobierno de silenciar voces molestas y cercenar el debate público», sostiene Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.
Cuatro periodistas acusados de delitos de terrorismo
De los nueve periodistas detenidos mientras cubrían las elecciones, cuatro siguen detenidos por graves cargos espurios. El fotoperiodista Yousnel Alvarado, está imputado por delitos de terrorismo y se encuentra incomunicado en el Destacamento 33 de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), sin acceso a defensa privada. Paúl León, camarógrafo de VPI TV, fue detenido por presuntos cargos de incitación a la violencia y alteración del orden público, y permanece incomunicado en la Coordinación Policial 2.0 de Valera. Deisy Peña, fotógrafa de la alcaldía del municipio de Carrizal, fue detenida sin orden judicial tras cubrir una protesta pacífica y permanece recluida en un módulo de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en la ciudad de Los Teques. José Gregorio Carnero, periodista y locutor, también sigue detenido, acusado de conspiración y actividades subversivas. Los cargos contra Alvarado, León, Peña y Carnero se engloban en la categoría de delitos de terrorismo. Joaquín de Ponte, detenido en el Destacamento 343, fue puesto en libertad tras ser acusado de incitación al odio y terrorismo.
Al menos 9 periodistas extranjeros expulsados del país
En lo que constituye un claro patrón de hostilidad hacia la prensa extranjera, nueve profesionales de los medios han sido objeto de agresiones: dos de ellos fueron detenidos y expulsados del país, mientras que a los demás se les prohibió la entrada en territorio venezolano. El 28 de julio, las periodistas colombianas Carolina Trinidad y Vanessa de la Torre, de Radio Caracol, fueron deportadas desde el aeropuerto de Maiquetía, sin ninguna explicación. Solo unos días después, el 1 de agosto, los periodistas chilenos Iván Núñez y José Luis Tapia fueron detenidos e incomunicados en el puesto militar de Chururú (Barinas), tras entrar en el país por Cúcuta (Colombia). El embajador chileno tuvo que intervenir para conseguir su liberación. El 2 de agosto, el periodista español Álvaro Nieto, director de The Objective, fue expulsado tras un interrogatorio de dos horas por sus críticas al régimen de Maduro. Por último, el 3 de agosto, la periodista ecuatoriana Dayana Krays fue detenida tras cubrir una protesta de la oposición.
Censura de medios y de Internet
El 7 de agosto, el presidente venezolano anunció una investigación penal contra los responsables de la página web ResultadosConVzla y un día después, el 8 de agosto, ordenó la suspensión durante 10 días de la red social X (antes Twitter), y bloqueó la aplicación de mensajería Signal. Maduro también alentó a los ciudadanos a desinstalar su aplicación de WhatsApp. El 9 de agosto, el gobierno bloqueó la web Reddit, y organizaciones locales informaron de advertencias de sanciones a las cadenas de televisión si cubrían las manifestaciones.
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