Los presidentes de las comunidades autónomas dejaron bien atado mantener su estatus, sueldo vitalicio, oficina, secretaria y coche oficial con chófer, después de abandonar el cargo. Es el caso de los ex presidentes autonómicos Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina (Madrid), José Bono (Castilla La Mancha), Francisco Camps (Valencia), Rodríguez Ibarra (Extremadura), Carlos Garaicoechea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe (País Vasco), Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla (Cataluña).
En muchos casos, como en Cataluña y País Vasco, cada ex presidente dispone de su propia oficina con empleados a cargo de los presupuestos autonómicos y todos los gastos pagados, incluso dietas y gastos de desplazamientos.
En Andalucía y alguna otra comunidad como la de Castilla y León, sus presidentes han optado por no utilizar ese privilegio, a pesar de tener derecho al mismo, como han sido el caso de Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Estos últimos han preferido seguir como diputados o senadores.
Con la llegada tras las elecciones municipales y autonómicas del 24M de nuevos políticos, ajenos a estos privilegios, se ha puesto en cuestión si los “ex presidentes” deben seguir disfrutando de este estatus. Fueron precisamente los dirigentes de Podemos y Ciudadanos quienes pusieron el dedo en la llaga y avisaron de que el despilfarro no estaba justificado.
En las últimas décadas se han creado multitud de organismos de carácter consultivo para dar apariencia legal a estos privilegios, como en la Comunidad de Madrid, cuyos miembros del Consejo Consultivo acuden una vez por semana para justificar un sueldo de 8.500 euros mensuales brutos.
En el caso del ex ministro socialista José Bono, su despacho oficial en Toledo cuenta con dos secretarias, chófer y otros gastos no públicos. José Bono dejó atado y bien atado su retiro en 2003 antes de concluir sus 20 años como presidente de la Comunidad de Castilla La Mancha.
Fin de los privilegios
Los nuevos gobiernos surgidos del 24M están siendo más sensibles al mantenimiento de privilegios a los llamados partidos de “la casta”, como ha popularizado Pablo Iglesias. Así, Cristina Cifuentes, que se ha alzado con la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias a los votos de Ciudadanos, ya ha aceptado que eliminará las oficinas y privilegios de los altos cargos, por lo que Leguina y Gallardón dejarán de cobrar por no hacer nada.
En otras comunidades como en Extremadura, parece que también tienen sus días contados las oficinas de los ex presidentes con sueldos, coches oficiales y demás privilegios que soportaban los ciudadanos.
En Castilla La Mancha José Bono seguirá, sorprendentemente, con su oficina toledana y los privilegios que conlleva el cargo que ostentó. Podemos no le habría exigido al curtido político de “la casta” su renuncia dada la vinculación entre Pablo Iglesias y José Bono.
El ex presidente Bono formó parte del despacho de abogados dirigido por Tierno Galván y Gregorio Peces Barba que defendió al padre de Pablo Iglesias. En los años setenta Javier Iglesias Peláez fue detenido por pertenecer al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista, la primera escisión del Partido Comunista de España. El FRAP se estrenó como organización terrorista con el asesinato deun subinspector de policía el 1 de mayo de 1973.
El padre de Pablo Iglesias ha sido inspector de Trabajo en varias provincias y profesor de historia hasta su jubilación.
José Bono fue el muñidor del encuentro, que se dijo secreto, entre Pablo Iglesias y el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a finales de enero pasado y que se celebró en casa del ex ministro.
La reunión, a espaldas del nuevo secretario general socialista, Pedro Sánchez, fue motivo de desencuentro entre ambos líderes cuya herida sigue sin cicatrizar a fecha de hoy.
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